En Women’s Link Worldwide creemos que podemos acabar con la violencia de género. Al reconocer la intersección de la justicia climática, racial y de género, aprovechamos un enfoque jurídico interseccional para ampliar los derechos de las mujeres, las niñas y las personas de género diverso.
Las mujeres, y especialmente las jóvenes, activistas y organizaciones locales han roto colectivamente el silencio sobre la desigualdad y la violencia a la que se enfrentan: desde la ola verde en América Latina hasta el movimiento #MeToo, las movilizaciones y campañas físicas y virtuales lideradas por mujeres están exigiendo un cambio.
El increíble trabajo realizado por movimientos afines a la lucha por los derechos de las mujeres está logrando importantes avances que ponen de relieve las experiencias de las personas que se encuentran en los márgenes más alejados y la necesidad de un enfoque interseccional. Estamos orgullosas de formar parte de este trabajo.
El Tribunal Supremo condenó al Estado español a pagar una indemnización de 600.000 euros a Ángela González por su responsabilidad en la muerte de su hija Andrea, de 7 años de edad, que fue asesinada por su padre en el año 2003 durante un régimen de visitas sin supervisión impuesto por una jueza. En la sentencia, el Tribunal Supremo reconoce el daño que la justicia española le inflingió a Ángela, afirmando que “se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija”.
Tras 15 años de lucha legal, este veredicto representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y la responsabilidad estatal en casos de violencia de género, destacando la importancia de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
La sentencia del Tribunal Supremo no solo reconoce el sufrimiento de Ángela González, sino que también establece un precedente importante en la responsabilidad del Estado en la protección de la ciudadanía. Este fallo destaca la necesidad de políticas y medidas efectivas para prevenir la violencia de género y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.
En el 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia abrió el Macrocaso 11, para investigar la violencia de género durante el conflicto armado.
La Alianza Cinco Claves, integrada por las organizaciones Colombia Diversa, Corporación Humanas, Corporación Sisma Mujer, Red Nacional de Mujeres y Women’s Link Worldwide, jugó un papel crucial en el proceso de incidencia para asegurar un tratamiento diferenciado de los crímenes contra las mujeres y la comunidad LGBTQ+ durante el conflicto armado, y logró la apertura de este caso.
El reconocimiento por parte de la JEP de la violencia reproductiva como una categoría distinta de violencia de género, e independiente de la violencia sexual, es un hecho innovador en los procesos de justicia transicional. La violencia reproductiva, caracterizada por la vulneración de los derechos reproductivos, incluida la autonomía reproductiva, mediante coerción o fuerza, se evidenció gracias al litigio de Women’s Link sobre el caso de Helena. La guerrilla de las FARC reclutó a Helena contra su voluntad cuando tenía 14 años y luego la obligó a abortar. Los informes presentados tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad de Colombia subrayan la importancia de abordar la violencia reproductiva dentro de estos marcos de justicia transicional.